La sesión plenaria del Comité Económico y Social Europeo -que se está celebrando en Bruselas del 16 al 18 de septiembre- ha aprobado el dictamen Un enfoque integrado para las zonas rurales de la UE, con especial hincapié en las regiones vulnerables, cuyo ponente ha sido Josep Puxeu, miembro de Comité Económico y Social Europeo desde 2015.

Es un hecho que los territorios europeos no evolucionan de forma homogénea y que zonas caracterizadas por el crecimiento económico, la cohesión social y la sostenibilidad ambiental coexisten con otras amenazadas por el estancamiento, el despoblamiento o la desertificación. No obstante, las zonas rurales suponen el 55 % de la población de la UE, producen en torno al 45 % del valor añadido bruto y generan el 50 % del empleo.

«El CESE reconoce con este dictamen el potencial de innovación de los territorios rurales y la necesidad de reducir las diferencias de desarrollo, así como el especial impacto que el cambio climático o los desastres naturales, industriales o epidemiológicos tienen sobre estas zonas», subraya Josep Puxeu, miembro del CESE.

Las altas tasas de contagio del coronavirus en entornos urbanos aportan un argumento adicional en favor de un desarrollo territorial más equilibrado y tras la explosión del teletrabajo -como consecuencia del confinamiento- se abren nuevas oportunidades para que puestos de trabajo con un alto valor añadido se relocalicen en zonas rurales y de montaña.

Cómo invertir la tendencia demográfica actual

«Un contrato territorial entre las ciudades y sus hinterlands o zonas de influencia es la mejor, si no la única manera de alcanzar un desarrollo económico armonioso siempre que se establezcan objetivos concretos, tangibles y auditables, así como un horizonte temporal», señala Puxeu.

En el dictamen también se insiste en la necesidad de actuar en cinco dimensiones: espacial, impulsando un desarrollo equilibrado que racionalice los flujos entre los polos rurales y urbanos de cada territorio; económica, favoreciendo la descentralización y la diversificación para promover el reequilibrio de las rentas; social, garantizando el acceso a servicios esenciales como educación, salud, transporte o cultura; ambiental, apostando por la agroecología y defendiendo la biodiversidad y -por último- la dimensión institucional, creando un ecosistema de acompañamiento que facilite los progresos en el resto de dimensiones.

Asimismo, un Marco Estratégico Común facilitaría la acción concertada de los distintos Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, cuyas inversiones deberán adaptarse a las características de cada territorio para fomentar sinergias en áreas como la conservación de la biodiversidad, el manejo de la tierra (agricultura y silvicultura, principalmente) y el turismo.

Para Puxeu, «invertir la tendencia demográfica actual es posible si se ofrece a los jóvenes rurales la posibilidad de desempeñar una actividad profesional remunerada dignamente y con perspectivas de futuro y se consigue proyectar una imagen atractiva e interesante de esos territorios».

En el caso de las mujeres, señala el dictamen, su contribución a la actividad económica agraria ha de ser adecuadamente reconocida y valorada, mediante una estricta igualdad salarial y, en su caso, mediante el acceso a la cotitularidad de las explotaciones.

Josep Puxeu es miembro de Comité Económico y Social Europeo en representación de la industria de alimentación y bebidas y director general de Anfabra.

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Fuente: Red Española de Desarrollo Rural (REDR)