En respuesta a ciertas afirmaciones recientes, EAPN Castilla y León, la Red Europea de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social en nuestra región, desea hacer pública su postura:
1.Lamentamos profundamente la relación directa y carente de base estadística que se ha intentado establecer entre la inmigración y la criminalidad en nuestra Comunidad. Estas afirmaciones generan estigmatización hacia las personas migrantes y pueden generar un clima de temor infundado en nuestra sociedad.
2.Queremos enfatizar que las acciones llevadas a cabo por organizaciones como Cruz Roja y ACCEM (así como otras del mismo ámbito), se desarrollan dentro del marco legal establecido. Su labor es fundamental para velar por los derechos y deberes de las personas que llegan a Castilla y León, así como para garantizar su inclusión social y laboral en nuestra sociedad
3.Es importante resaltar que estas organizaciones, al igual que cualquier otra entidad social, están sujetas a un riguroso control de su financiación por parte de la Administración, cumpliendo con los más altos estándares de transparencia en su gestión.
4.La atención a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se sustenta en un marco normativo amplio que abarca desde la legislación internacional hasta la autonómica. En resumen, este marco incluye:
- Normativa Internacional: Compromisos adquiridos por España en tratados y convenios que promueven la protección de los derechos humanos de todas las personas, incluyendo a las migrantes.
- Normativa de la Unión Europea: Directivas y políticas comunitarias que establecen mínimos de protección y asistencia a las personas migrantes en situación vulnerable.
- Constitución Española de 1978: Fundamenta el respeto a la dignidad de todas las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
- Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Establece derechos y libertades, así como las bases para la integración social de las personas extranjeras en España.
- Legislación Autonómica: Complementa y adapta las normativas nacionales y europeas a la realidad específica de Castilla y León, promoviendo la integración social y económica de las personas migrantes.
La justificación normativa para atender a las personas migrantes en situación de vulnerabilidad en Castilla y León se basa, por tanto, en un compromiso con los derechos humanos, el respeto a la dignidad de todas las personas y la búsqueda de una sociedad inclusiva y cohesionada.
5.Las personas migrantes en Castilla y León realizan un esfuerzo para integrarse y son una parte valiosa de la sociedad. Según la última Encuesta de Población Activa, la tasa de empleo de la población extranjera se sitúa en un 61,58% siendo su tasa de actividad en el 69,51%.
6.Asimismo, consideramos necesario centrar el debate político y social en los verdaderos problemas que aquejan a nuestra comunidad. El último informe AROPE2 muestra que el 22,1% de la población en castilla y león se encuentra en riesgo de pobreza y/o exclusión social, afectando gravemente a 170.830 personas en situación de pobreza severa. Estas cifras reflejan una realidad que requiere de la atención y acción conjunta de todos los sectores de la sociedad.
Castilla y León gracias a sus políticas sociales, se ha mostrado como una tierra llena de oportunidades y de acogida, tanto para las personas que desean volver a su comunidad de origen, así como para todas aquellas que independientemente de sus circunstancias, deciden abandonar su país de origen ya sea de forma voluntaria o involuntariamente para perseguir un futuro mejor que les permitan desarrollar su proyecto de vida. Por lo que pedimos seguir trabajando de forma colaborativa para conseguir este fin.
Pobreza por CCAA. Informe 2023
Fuente: EAPN CYL