• El Consejo Económico y Social de Castilla y León aprobó el pasado 21 de marzo un informe sobre el sector agroalimentario en Castilla y León que ofrece un análisis imprescindible para entender el presente y diseñar el futuro del sector agroalimentario en la comunidad
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En el informe sobre el sector agroalimentario el Consejo Económico y Social de Castilla y León, en adelante CESCyL, hace recomendaciones consensuadas con las principales organizaciones agrarias de Castilla y León, conjuntamente con las organizaciones empresariales y sindicales, de consumidores y de la economía social, que junto al Grupo de Expertos de la Junta y las Cortes, han trabajado con el amplio Documento Técnico, que acompaña a este Informe y que ha servido de base al mismo, y que ofrece un análisis de un equipo de investigación universitario, imprescindible para entender el presente y diseñar el futuro del sector agroalimentario.

El CESCyL considera necesario apostar por una mayor autonomía de la industria agroalimentaria de la Comunidad para reducir el grado de dependencia con respecto de sus proveedores de materias primas y energía del exterior, diversificando y asegurando las fuentes de suministro de los inputs productivos esenciales, para minorar el impacto negativo de crisis como la acaecida por la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa.

Además, también plantea como necesario replantear el modelo productivo para incorporar una visión estratégica que considere el mantenimiento a largo plazo de la capacidad productiva del sistema agrario, con el fin de garantizar el abastecimiento de la cadena agroalimentaria en graves situaciones de crisis, a través de actuaciones sobre el capital humano y físico que garanticen la seguridad alimentaria que permita proporcionar a todos los ciudadanos alimentos suficientes, sostenibles y de calidad.

Esas son las dos principales conclusiones de la reflexión final elaborada por el CESCyL en su informe de 2022 sobre el sector agroalimentario en Castilla y León, que apuesta por incorporar la autonomía y la seguridad alimentaria como variable estratégica de la política agroalimentaria ante situaciones externas como el conflicto bélico entre Ucrania y Rusia, “dos productores de materias primas con los que la Unión Europea mantiene relaciones comerciales”, y el incremento de los precios de las materias primas y la energía a lo largo del último año.

Situaciones que, como apunta el CESCyL, han llevado a “tensiones inflacionistas que afectarán a todas las etapas de la cadena de valor para la práctica totalidad de las ramas de actividad prioritarias de la industria agroalimentaria de Castilla y León”, en especial a la fabricación de piensos, elaboración y procesado de productos cárnicos, fabricación de quesos y leches, repostería de larga duración y fabricación de azúcar, y ante los que, a corto plazo, el CESCyL plantea “políticas de relajación fiscal y promoción del empleo orientadas a minimizar los efectos de la espiral inflacionista”.

19 recomendaciones para el sector

Además de las recomendaciones planteadas por el Consejo Económico y Social de Castilla y León ante la coyuntura de subida de precios y falta de materias primas actual, el informe sobre el sector agroalimentario también incluye una serie de recomendaciones generales para el mismo que incluye el aprovechamiento de la importancia del patrimonio natural y cultural que existe en el mundo rural para crear riqueza y empleo en sectores no agrarios, avanzar en el diseño de una arquitectura ambiental que contribuya de forma efectiva a la generación de servicios ecosistémicos, y apoyar las rentas agrarias para acercar su rentabilidad a la de otros sectores económicos y, con ello, mejorar su viabilidad.

También recomienda plantear incentivos, tener en cuenta las diferencias existentes entre las dimensiones económicas de las distintas explotaciones en el diseño de las ayudas a la renta, así como las diferencias existentes entre las distintas orientaciones de los diferentes territorios. Igualmente, propone tener en cuenta los ingresos procedentes de la actividad agraria sobre el total de los ingresos percibidos y desarrollar estrategias para reducir la exposición al riesgo de las explotaciones frente a los efectos adversos derivados del cambio climático.

Entre las recomendaciones también se incluye el fomento y apoyo de inversiones dirigidas a incrementar la competitividad a largo plazo de todos los eslabones de la cadena agroalimentaria, en especial a aquellas en las que esta competitividad se encuentra más comprometida, y la mejora de la productividad de las explotaciones agrarias para garantizar su sostenibilidad y favorecer su transición a modelos productivos más sostenibles. Se plantea asimismo como necesario el favorecimiento de la integración en entidades asociativas, la creación de economías a escala, el aumento de la dimensión económica de las explotaciones y la disminución de la atomización del sector productor.

El CESCyL recomienda, igualmente, fomentar el uso de los recursos disponibles para la cabaña ganadera, disminuyendo así la dependencia exterior de materias primas destinadas a alimentación animal; apoyar a los sectores y modelos de producción de baja productividad o con dificultades manifiestas, cuya desaparición puede tener efectos negativos en todos los ámbitos; poner a disposición de los productores instrumentos para anticiparse y paliar los efectos de la volatilidad de los mercados; incentivar la incorporación a la actividad agraria de jóvenes y mujeres para favorecer el relevo generacional; y mejorar la cualificación y las condiciones para la incorporación y permanencia de los jóvenes agricultores y las mujeres rurales.

Por último, el documento expone como necesario fomentar y atender las demandas de los consumidores hacia productos más sostenibles, la puesta en valor del modelo de producción europeo, facilitar el acceso a la tierra e incrementar el tamaño típico de las empresas del sector agroalimentario, un factor este último que resulta “crítico” para mejorar el índice de supervivencia y competitividad del sector agroalimentario de Castilla y León.

Fuente: Consejo Económico y Social de Castilla y León